Como en otras oportunidades, en la apertura de sesiones en ambas Cámaras del Congreso de la Nación el presidente Javier Milei volvió a ratificar el objetivo central de su gestión: reducir el tamaño del Estado al 25% del Producto Bruto Interno (PBI).
De acuerdo al análisis del mandatario, esta meta resulta imprescindible para garantizar el equilibrio fiscal y limitar -lo que él considera- un gasto público excesivo. Pero, desde la oposición ejemplifican el supuesto error del economista señalando a países de Europa que, con grandes gastos que van hacía el Estado, mantienen una calidad de vida y economía envidiable.
Bajo esta premisa se abrió el panorama sobre cómo se posicionan otros países en relación con el tamaño de su Estado, medido a través del gasto público como porcentaje del PBI. Los últimos datos oficiales que se dieron a conocer en Francia exponen que este encabezó la lista entre las naciones más desarrolladas con un gasto público del 57% de su PBI, lo que equivale al más del doble objetivo que planteó el libertario.
Seguidamente se ubica Finlandia, con un 55,8%, mientras que Italia registró un 53,8%, Bélgica un 53,3%, Austria un 52,7% y Suecia un 49,4%. Claro que estas cifras son mucho más altas que la propuesta por Milei, pero es importante destacar que estas naciones están posicionadas económica y socialmente de otra manera. Pues, a diferencia de Argentina, no vienen de cifras interanuales de inflación que superan el 100%, por ello pueden destinar grandes sumas a solventar un Estado eficiente.
Los países que destinan menos del 24% de su PBI a sostener el gasto público
Por ello, este contraste entre los países desarrollados y la meta del jefe de Estado convoca a inmiscuirse en qué ocurre en esos países con niveles de gasto público más cercanos al 25% sugeridos por Milei. Allí ingresa, Mauritania que ofrece un ejemplo ilustrativo: con un gasto público del 24,9% del PBI, el país africano enfrenta severos problemas sociales, como un 67% de su población bajo la línea de la pobreza y una tasa de mortalidad infantil de 47,9 por mil nacidos vivos.
Asimismo, Mali, con un 25,7%, registra un 80,5% de pobreza y una mortalidad infantil de 64,1 por mil. Estos casos evidencian que un Estado reducido no necesariamente garantiza bienestar, una idea que Milei parece desestimar al afirmar en su discurso: «El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo». Para él, la clave está en revertir esa lógica y priorizar el ahorro antes que el gasto.
El presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación
A diferencia de las anteriores, estos están en peor situación económica y social en comparación con Argentina, y desde hace muchas más décadas. No obstante, el análisis se vuelve más extremo al considerar el caso de Haití, donde el gasto público apenas alcanza el 6,4% del PBI. Esta nación caribeña, marcada por una historia de intervenciones extranjeras y dictaduras, carece de servicios básicos como salud y educación públicas, así como de fuerzas de seguridad efectivas. El resultado es una sociedad sumida en la violencia y el caos, con pandillas armadas controlando amplias zonas del territorio. Pero, esto no tiene relación directa con la mera reducción del gasto sino que es el resultado de una serie de medidas políticas pobres para contener y solucionar estos desmanes.
Por eso, frente a este escenario, Milei sostuvo en su alocución que «no hay nada, pero nada, que enriquezca más a los políticos que el déficit fiscal», sugiriendo, como en otras ocasiones, que un Estado grande solo beneficia a la clase política en perjuicio de la población. Es decir que, el planteo del presidente cobra sentido cuando se lo contextualiza en la historia reciente del país, con su inestabilidad inflacionaria y monetaria, marcada por décadas de decisiones fiscales que él considera insostenibles.
En paralelo, países como Suecia o Bélgica pueden permitirse gastar más de la mitad de sus recursos en el Estado gracias a su estabilidad y productividad acumuladas, Argentina enfrenta un escenario donde el ajuste, según el mandatario, es una condición para evitar el colapso. «Hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado», afirmó Milei, dejando claro que su objetivo no es imitar a las naciones desarrolladas en su gasto, sino adaptar el tamaño del Estado a las posibilidades reales de un país en crisis.
Entonces, claramente, la adjetivación del mandatario sobre los «degenerados fiscales» no apunta a aquellas naciones que pueden, gracias a su estabilidad y buenas medidas políticas prolongadas en el tiempo, destinar importantes sumas en solventar el Estado (siempre y cuando este resulte eficaz a la hora de atender las demandas de sus ciudadanos), sino a aquellos que con grandes dificultades de índole urgente, destinan cuantiosas sumas en sostener organismos que no ayudan a que los suyos tengan una mejor calidad de vida.
Bajo ese pie, Milei desafió a los legisladores a continuar manteniendo su modelo austero o, de los contrario, «luego será la ciudadanía la que los coloque en la esquina de los justos o en la de las ratas miserables».