La noche del 21 de abril se vivió una jornada de tensión y lucha frente al Concejo Deliberante de Brandsen. Con un operativo policial digno de la ministra Bullrich —pero implementado bajo una gestión kirchnerista—, infantería, caballería y Policía de la Ciudad vallaron el recinto para evitar el ingreso de vecinos y vecinas. El objetivo era claro: blindar una sesión en la que se intentaba aprobar la desafectación de suelos para la instalación de dos termoeléctricas altamente contaminantes en el kilómetro 49 de la Ruta 2.
Las plantas, de categoría 3 (la más alta en términos de riesgo ambiental), ya habían sido rechazadas por la comunidad de Pilar, que logró su desmantelamiento tras años de litigios y movilización. Ahora, el Grupo MSU Energy —encabezado por el empresario Guillermo Marseillan, quien estuvo presente en la sesión del 8 de abril junto a los concejales del oficialismo local— busca instalar estas tecnologías obsoletas en una zona densamente poblada, rodeada de estancias, emprendimientos familiares, huertas orgánicas, apicultores y uno de los cordones frutihortícolas más importantes del país, que alimenta al 70% de la población argentina.
Las consecuencias de su instalación serían gravísimas: liberación de gases tóxicos y cancerígenos como formaldehído y benceno; contaminación del Acuífero Puelche —uno de los más importantes del mundo—, del arroyo San Luis, un humedal protegido y sitio Ramsar; polución sonora que alcanzaría los 100 decibeles cuando el máximo permitido es 55; y vibraciones que afectarían a aves y polinizadores, poniendo en riesgo la producción agrícola. A pocos metros del predio proyectado se encuentra además la Escuela Rural N° 11, cuyos estudiantes estarían expuestos a un nivel de contaminación equivalente a fumar entre 2 y 5 cigarrillos diarios.
Estas centrales también emiten dióxido de carbono para producir energía, contribuyendo directamente al calentamiento global. En un contexto de crisis climática, avanzar con tecnologías fósiles altamente contaminantes no solo es criminal, es anacrónico. La crisis ecológica exige repensar de raíz el modelo energético actual. ¿Energía para qué y para quién?
A pesar de las maniobras dilatorias, como un temario de 20 puntos y la exclusión del público, la presión vecinal logró lo impensado: la sesión terminó con 7 votos en contra, 1 abstención y solo 5 a favor del proyecto, impulsado por el intendente Fernando Raitelli de Unión por la Patria. Fue una victoria del pueblo organizado, que no solo enfrentó a las fuerzas represivas, sino también a una casta política que actúa como intermediaria de intereses empresariales extractivistas.
El antecedente inmediato fue el escándalo del pasado 8 de abril, cuando el presidente del Concejo, Daniel Caraballo, suspendió la sesión con excusas ridículas —primero por la supuesta falta de taquígrafo, luego por una “amenaza de violencia”— al no contar con los votos necesarios. Mientras tanto, los verdaderos violentos —los ejecutivos de las termoeléctricas— caminaban libremente por el recinto, ocupando las butacas que se les negaban a los vecinos.
Ahora, ante el rumor de que las plantas podrían trasladarse a terrenos frente al polo industrial de La Plata recientemente inaugurado por Axel Kicillof y su ministra de Ambiente, Daniela Vilar —quienes hasta el momento han hecho oídos sordos a los reclamos—, la comunidad de Brandsen y zonas aledañas se declaró en estado de alerta y presentó una demanda preventiva ambiental con el mismo estudio de abogados que logró sacar a MSU de Pilar.
Una vez más, la lucha colectiva le torció el brazo a los negocios sucios del extractivismo. Pero la amenaza sigue latente. La victoria de Brandsen demuestra que la organización popular es la única garantía para defender nuestros territorios, nuestra salud y nuestros bienes comunes frente a una democracia cada vez más secuestrada por empresarios y políticos cómplices.
Lo que necesitamos es una verdadera transición energética: justa, democrática y soberana. Que no responda al lucro de unos pocos, sino a las necesidades reales de los pueblos. Y que sean precisamente los pueblos quienes decidan cómo, cuánto y para qué producir energía. Porque en tiempos de crisis climática, la energía no puede seguir siendo un negocio, sino un derecho al servicio de la vida.
Jessi Gentile, Pau Kaeser, Del del Sel, Roli Varela activistas de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones