El gobernador Maximiliano Pullaro se presentó este jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe para prestar declaración en un juicio en el que se acusa a los exjefes de la Policía de la Provincia, Omar Odriozola y Rafael Grau, de liderar entre 2015 y 2016 una organización ilícita dedicada a defraudar económicamente a la administración pública mediante facturas de supuestos arreglos de patrulleros.
La causa, conocida como «D4» y que surgió por una denuncia realizada por Pullaro cuando era ministro de Seguridad durante el gobierno de Miguel Lifschitz, ya tiene a varias personas condenadas a través de juicios abreviados. Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia del proceso contra los principales acusados.
Tras prestar declaración, el gobernador sostuvo ante la prensa que se debe ser «muy claro en estas cosas: cuando hay corrupción institucional, cuando hay actores del Estado vinculados a la corrupción institucional, se tiene que denunciar”. En tanto, remarcó: «La inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de Santa Fe son gente buena, trabajadora y honesta. Como en todos los ámbitos de la sociedad, ahí hay más buenos que malos, pero hay malos».
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«Cuando nos tocó, hicimos lo que teníamos que hacer, que fue no hacernos los boludos ante la corrupción. Y ahora también, se hace lo que se tiene que hacer en cada ámbito del Estado. Lo vamos a seguir haciendo porque el Estado puede ser mejor, más eficiente, y porque entre todos tenemos que mejorar las instituciones democráticas».
El mandatario provincial afirmó que «la autoridad política tiene que tener mucha ejemplaridad» ante estas situaciones y dijo: «Si uno quiere mejores instituciones democráticas en la provincia, no puede permitir ningún tipo de corrupción».
Origen de la denuncia
Pullaro recordó que siendo ministro de Seguridad durante la gestión de Lifschitz, recibió un mensaje anónimo «muy certero» con el que lo ponían en conocimiento «con números de móviles y tipos de arreglo que tenían estos vehículos, los talleres en los que se llevaban adelante los supuestos arreglos, que terminaba siendo una defraudación muy grande a la provincia».
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«Entendí que como ministro de Seguridad, pero fundamentalmente como máxima autoridad en ese momento de la seguridad pública de la provincia, yo tenía que hacer esa denuncia. Acompañé ese mensaje anónimo, que era muy certero y muy claro, a la Fiscalía con mi firma, que posteriormente derivó en allanamientos, detenciones y varios juicios abreviados«, concluyó.