El presidente vetó la ley por falta de financiamiento y por incluir localidades fuera de informes técnicos. El Congreso puede insistir con mayoría especial
24/06/2025 – 11:13hs
Javier Milei decidió vetar por completo la ley de emergencia para Bahía Blanca, aprobada por Diputados y el Senado a principios de junio. Fue a través del Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El proyecto contemplaba la creación de un fondo de $200.000 millones destinado a la reconstrucción de Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo, además de partidas para la localidad de Coronel Rosales.
La norma sancionada preveía subsidios para personas que perdieron su fuente de ingresos, obras de infraestructura y líneas de financiamiento con tasas preferenciales y períodos de gracia. El fondo debía ser constituido en un plazo no mayor a 30 días.
Argumentos del Ejecutivo: «Imposible cumplimiento»
El Gobierno nacional rechazó la ley al considerar que no especifica cómo se financiarán los gastos previstos: «El proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán», sostuvo el Ejecutivo.
El argumento ya había sido utilizado por el oficialismo en vetos anteriores, como los aplicados a las leyes de aumentos jubilatorios y de financiamiento universitario.
Coronel Rosales, fuera de los informes técnicos
Otro de los motivos del veto es que la localidad de Coronel Rosales, incluida en el proyecto, no fue contemplada en los informes técnicos elaborados por organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según el decreto, eso imposibilita justificar legalmente la asistencia a ese distrito.
Además, el Gobierno afirmó que «el Estado nacional ya intervino para morigerar y mitigar los daños en Bahía Blanca», por lo que considera innecesaria una nueva asignación de fondos.
El Congreso, ante la posibilidad de insistir
Con esta decisión, el proyecto vuelve al Congreso, que podrá insistir con la ley solo si alcanza una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, tal como establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Si no logra ese respaldo, la vía legislativa para declarar la emergencia y destinar nuevos fondos a los damnificados por las inundaciones quedará cerrada, al menos, durante este año parlamentario.