Con la meta de aliviar gastos a quienes generan trabajo, la ciudad de Buenos Aires aprobó una norma que establece que 71 trámites administrativos dejarán de tener costo para PyMEs, comerciantes, consorcios y vecinos.
La ley fue impulsada por el Gobierno porteño y abarca gestiones relacionadas con la rúbrica de libros, licencias, permisos, seguridad, medio ambiente, registro civil, transporte y pedidos judiciales. La idea es avanzar en la eliminación de costos y la simplificación de trámites que requieren quienes invierten y sostienen la actividad productiva en la Ciudad.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó: “Desde la Ciudad buscamos reducir y aliviar la carga monetaria a quienes invierten y generan nuevos puestos de trabajo y también allanar el camino a aquellos emprendedores y comerciantes que quieran introducirse en el sector productivo”.
La iniciativa fue aprobada por la Legislatura porteña y se inscribe en un proceso que ya permitió digitalizar la mayoría de las gestiones y dejar sin efecto aranceles de trámites considerados innecesarios. Según datos oficiales, actualmente el 94% de los trámites que ofrece la Ciudad se realizan de forma digital y la meta es alcanzar el 100% de digitalización este año, para todos aquellos que no requieran la presencia del ciudadano.
Entre los trámites que pasarán a ser gratuitos figura la rúbrica de libros, que beneficia a unas 4.700 empresas de hasta 50 empleados. Se estima que este sector podrá ahorrar hasta 90.000 pesos por año por la eliminación del arancel. También se verán alcanzados los consorcios de edificios: la tasa que se paga anualmente por los elevadores, las instalaciones contra incendios y los sistemas térmicos dejará de cobrarse, algo que impactará en más de 50.000 inmuebles de uso residencial, comercial y de oficinas. La expectativa es que esto ayude a reducir el costo de las expensas, además del beneficio directo para 540 empresas dedicadas al mantenimiento de ascensores, que dejarán de abonar unos 50.600 pesos anuales.
En el área de licencias de conducir, los estudios complementarios como el neuropsicológico y el psicodiagnóstico, junto con el certificado de legalidad, ya no tendrán costo. Según estimaciones oficiales, alrededor de 2200 personas por mes podrán tramitar su licencia sin tener que afrontar este gasto adicional. Algo similar sucederá en el registro civil: el permiso para trasladar un fallecido fuera de la Ciudad también será gratuito, eliminando un gasto en un contexto sensible para las familias.
La norma también impacta en el rubro de la seguridad privada. Se eliminan aranceles en más de 20 trámites vinculados a la incorporación de personal, aptitudes psicotécnicas y declaraciones de equipos o armas. En 2024, se registraron 13.000 pedidos de oficios judiciales en la Ciudad, trámite que hasta ahora tenía un valor de 9.610 pesos por cada gestión, monto que ya no será necesario pagar. Para el sector transporte, más de diez trámites, entre ellos la renovación de licencias de remises —que actualmente cuesta unos 28.700 pesos— quedarán sin cargo.
Otro rubro que será alcanzado es el de la protección ambiental. Con la eliminación de los costos de inscripción y renovación de registros de profesionales dedicados a estudios de impacto ambiental o acústico, unas 560 personas podrán ahorrar alrededor de 61.000 pesos cada año.
La política de reducción de cargas administrativas ya había sumado antecedentes en los últimos años con la simplificación y eliminación de gestiones burocráticas. Según la administración porteña, hasta ahora se simplificaron 347 trámites y se eliminaron 35 que se consideraban innecesarios, además de la digitalización de 38 nuevos procedimientos. El ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, destacó que el objetivo es lograr que los trámites sean cada vez más eficientes y menos costosos para el sector privado, cubriendo áreas clave como permisos, habilitaciones, seguridad, medio ambiente, transporte y registro civil.
Desde la Ciudad sostienen que esta decisión busca no solo aliviar la carga económica directa de las PyMEs y los comerciantes, sino también incentivar la formalización de actividades y reducir el peso de la burocracia que muchas veces desalienta la inversión. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, remarcó que la eliminación de estos costos es parte de un camino que apunta a respaldar a quienes sostienen la actividad productiva barrial. “Sabemos que cada peso cuenta para quienes arriesgan y generan empleo, por eso avanzamos con esta medida que les devuelve recursos y tiempo”, expresó.
El impacto de la eliminación de estos aranceles se hará visible a medida que la norma sea reglamentada y los trámites se pongan en marcha bajo el nuevo esquema. Se espera que el recorte de estos costos contribuya a sostener la competitividad de pequeños comercios y consorcios, sectores que suelen estar más expuestos a la suba de gastos operativos.
Para el Gobierno porteño, la aprobación de esta ley marca un paso más en la meta de modernizar los procesos y reducir trabas que históricamente impactaron en quienes mantienen viva la economía local. Ahora, la expectativa se concentra en la reglamentación y en que cada trámite efectivamente se gestione sin costo, mientras la Ciudad avanza hacia la digitalización total y refuerza la idea de que cada peso ahorrado es un incentivo para seguir produciendo y generando empleo.