El Gobierno avanzó con una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que transforma la gobernanza del organismo, concentra el poder en el presidente del ente con rango y jerarquía de secretario, suprime la Dirección Nacional y elimina el Consejo Directivo de la estructura formal, figuras que habían estado presentes desde la creación del instituto. Si bien en el Decreto 462/2025 ya se habían adelantado parte de los cambios, no estaban las modificaciones en el primer nivel operativo.
En el decreto 571/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se suprime la Dirección Nacional del organismo y se oficializa todo el poder a su presidente. En tanto, a través de un informe técnico con fecha del 29 de julio pasado, y que presuntamente habría sido elevado al Ministerio de Economía, Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, justificó esta decisión que se hizo efectiva recién este martes alegando que las «funciones por entonces asignadas a dicha Dirección Nacional resultan superpuestas a las funciones actualmente asignadas al Presidente».
Bronzovich planteó que es necesario “transformar el INTA” para fortalecer su efectividad y adaptabilidad dentro de un modelo de desarrollo basado en innovación productiva y articulación territorial. Indicó que “la descentralización” con que fue creada el INTA “no generó mayor eficacia institucional”, sino dificultades de supervisión estratégica, dispersión operativa y débil alineación con la política agropecuaria nacional.
Además, señala que el sobredimensionamiento, lejos de responder a los fines y objetivos fundacionales, los ha excedido en desmedro del principio de eficiencia en el uso de los recursos del Estado. “Se acompaña el relevamiento de 51 cambios de estructura del INTA, desde el año 2019 a la fecha. El sobredimensionamiento de la estructura organizativa del INTA se evidenciaba con particular claridad al analizar la cantidad de cargos jerárquicos existentes. El INTA contaba con un total de 932 cargos, distribuidos entre 10 Autoridades Superiores (miembros del Consejo Directivo), 660 cargos de Alta Dirección Pública y 262 cargos de nivel inferior», afirmó.
Precisó que esta dotación superaba ampliamente a la de cualquier ministerio de la administración pública nacional. Incluso el Ministerio de Economía, el de mayor envergadura en términos de estructura organizativa, posee 804 cargos, es decir, 128 menos que el INTA. “Con la transformación jurídica que se concretó, se generaron incompatibilidad entre las funciones del nuevo presidente del INTA (como organismo desconcentrado) y la del director nacional (cargo existente como organismo descentralizado)“, justificó.
También resaltó que la reforma derivada de la sustitución del artículo 4° y derogación del artículo 8° del Decreto-Ley 21.680/56 suprimió el Consejo Directivo y la Dirección General, junto con sus cargos de director nacional, directores nacionales asistentes y director general de administración, reemplazándolos por un único órgano ejecutivo: un presidente con rango y jerarquía de secretario, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, con funciones que incluyen conducir el INTA, gestionar bienes y patrimonio, dictar el reglamento interno, presidir el Consejo Técnico, celebrar convenios nacionales e internacionales, proponer la estructura organizativa, administrar el Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria y determinar los centros e institutos necesarios. Según el texto, el objetivo es dotar al organismo de mayor agilidad operativa para la toma de decisiones en el marco de su transformación institucional, concentrando la conducción y funciones en esta nueva figura.
Por otra parte, aclaró que las competencias de la Dirección Nacional pasan a ser consideradas como propias del presidente y estas abarcan “la conducción integral del INTA mediante la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones estratégicas y operativas en línea con el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Mediano Plazo; la coordinación de todas sus unidades y centros de investigación; la gestión económica, financiera y patrimonial, incluyendo la definición y control del presupuesto; la articulación institucional y vinculación tecnológica con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para fortalecer capacidades y captar recursos».
También, dijo, la planificación y el desarrollo de los recursos humanos con criterios de equidad; la promoción de transferencia tecnológica y emprendimientos de base tecnológica; la comunicación y difusión institucional; y las relaciones con organizaciones gremiales para atender cuestiones laborales, según aclaró. Reiteró que, como se citó en el decreto 462/2025, “se mantendrá el personal existente con sus cargos, su situación de revista y unidades organizativas vigentes hasta tanto se adecue la estructura organizativa”.