Este domingo, el Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, fue citado a indagatoria por el presunto delito de encubrimiento por el juez federal Sebastián Casanello. La citación fue enviada en el marco del caso por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Casanello citó al empleado del barrio cerrado a partir de la sospecha de que este ayudó a Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, a escapar de la Policía. La citación lo convoca a prestar declaración indagatoria este lunes, luego de un pedido del fiscal que investiga el caso, Franco Picardi.
En concreto, la sospecha sobre De Vincentis radica en que este habría demorado a los agentes de seguridad que llegaron al barrio con una orden de allanamiento.
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Los audios de Diego Spagnuolo, el titular de la ANDIS que habría reconocido que el Gobierno pide coimas a los laboratorios
En el marco del caso de las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, Emmanuel Kovalivker fue señalado por ser el accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con 0,015% del capital social, mientras que su padre, Eduardo Jorge Kovalivker, cuenta con 64,5% de la compañía, y su hermano, Jonathan Simón, quien además ejerce la presidencia y aún no fue hallado por la Justicia, con un poco más del 21%.
Tras múltiples allanamientos realizados en el marco de la causa, los cuales dieron resultados positivos, la Justicia espera proceder a analizar otros elementos secuestrados como celulares, documentación y sobres con dólares de los sospechosos, los cuales contarían como prueba de los presuntos acuerdos en beneficio de la droguería.
Dada la celeridad con la que se está llevando a cabo la investigación, las autoridades determinaron que es de vital importancia recuperar toda la información posible de los dispositivos electrónicos, aunque indicaron que es un paso que podría demandar tiempo extra ya que el peritaje depende de que se logre el desbloqueo de los teléfonos, una tarea un poco más compleja ya que depende de cada dispositivo y su tecnología.
El pasado viernes, la Policía de la Ciudad allanó más de 10 domicilios luego de que el juez Casanello autorizó los pedidos presentados por el fiscal que tiene a cargo el expediente que investiga audios filtrados del ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los cuales denuncia presuntas irregulares y una recaudación ilegal derivada de la compra y venta de medicamentos.
En primer lugar, los investigadores buscan determinar si efectivamente existió un delito, por lo que la apertura y peritaje de los celulares de los sospechosos es una pista clave. En este contexto, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, habría elegido cooperar y entregar por si mismo la clave de desbloqueo del dispositivo, algo que no hicieron Spagnuolo, ni de Kovalivker.
A Spagnuolo se le secuestraron dos celulares, uno cuando fue interceptado circulando en un auto VW Nivus en un country de Pilar y otro que fue localizado en las inmediaciones de la vivienda. En paralelo, Kovalivker fue interceptado por 266 mil dólares y 7 millones de pesos y también le incautaron su pasaporte y celular.
Audios: Diego Spagnuolo habría prometido «decir toda la verdad» y podría terminar como «arrepentido»
El análisis de la documentación extraída de la sede de la ANDIS será clave también para intentar encontrar indicios o pruebas fehacientes que sugieran la existencia de los supuestos acuerdos entre funcionarios o allegados del Ejecutivo y la droguería Suizo Argentina. A esto se sumarán los documentos hallados en la casa de Nordelta de Jonathan Kovalivker y en la propiedad del ex titular del organismo.
Hasta el momento, el fiscal no habría citado a declarar a ninguno de los investigados, dada la falta de carátula del caso al igual que la formulación de los cargos que pudieran corresponder. En concreto, se plantea que el Estado podría haber favorecido a la droguería, aunque también se analiza la posibilidad de que la empresa pidiera sobornos a los proveedores.
AS/ff