La asistente social Analía Morales se defiende desde el banquillo de los acusados. Por estos días está siendo juzgada en en los Tribunales de Río Cuarto por un caso emblemático sobre las consecuencias del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto ante la pandemia de Covid.
El 17 de agosto de 2020, Pablo Musse (63) intentó ingresar a la provincia de Córdoba después de recorrer más de 700 kilómetros desde su casa en la ciudad neuquina de Plottier. Junto a su cuñada, Paola Oliva, viajaba para darle el último abrazo a su hija Solange, de 35 años yquien atravesaba la etapa final de un cáncer terminal.
Un retén de control sanitario lo detuvo en Huinca Renancó, la puerta sur de la provincia. Tras realizarle dos pruebas PCR, no le permitieron el ingreso. El resultado fue calificado como “dudoso” y esa sola condición bastó para que lo obligaran a regresar a su ciudad, escoltado por cinco móviles policiales.
En aquel entonces, Morales trabajaba en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto e integraba el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en esa ciudad, por lo que quedó vinculada a la causa.
El COE fue blanco de duros cuestionamientos por su accionar abusivo y la falta de controles sobre sus integrantes. De hecho, había llegado a ser conducido por Ignacio Martín hasta que se descubrió que carecía del título habilitante de médico para hacerlo.
Tras cinco años con idas y vueltas, el expediente por lo ocurrido con Musse llegó este lunes a juicio con dos imputados: Morales y el médico Eduardo Andrada, titular del COE en Huinca Renancó. Ambos están imputados por abuso de autoridad -un delito excarcelable-, mientras que en el debate interviene un jurado popular de 8 ciudadanos.
En diálogo con Clarín, Morales aseguró que pidió declarar en la primera jornada del juicio porque “no tiene nada que ocultar”. También afirmó que recién se enteró de que se le atribuía el cargo de autoridad en el COE de Huinca Renancó cuando recibió la notificación judicial: “Ni siquiera conozco esa ciudad.»
—¿En qué se basó su declaración ante el tribunal?
—Contesté todas las preguntas del fiscal, del abogado de la querella y del defensor del doctor Andrada. Expliqué que mi participación se limitó, a pedido del doctor Andrada, a contactar a Salud Pública de Plottier para informar que el señor Musse volvía y que, al llegar a su domicilio, debía realizarse un PCR.
—¿Usted se sintió responsable en algún momento de lo denunciado por la familia Musse?
—En ningún momento, porque no tuve participación directa en el hecho.
—¿Cuál fue concretamente su intervención?
—Solo lo que acabo de comentar: ubicar algún contacto en Salud Pública de Plottier para que, cuando el señor Musse llegara, se le realizara una prueba PCR.
—¿Qué cargo tenía usted en el COE?
—Integraba el COE Regional Río Cuarto, en la mesa hospitalaria, que se encargaba del manejo de los casos de Covid.
—¿Podía decidir quién entraba o no a la provincia?
—No. Yo manejaba únicamente la mesa de tránsito. Las decisiones sobre ingreso o rechazo de personas las tomaban los responsables de los puestos sanitarios.
—En este caso puntual, ¿qué orden recibió?
—No recibí ninguna orden de impedir el ingreso. Solo se me pidió contactar a Salud Pública de Plottier. Cuando me lo solicitaron, la decisión ya estaba tomada.
—¿Qué le diría hoy a la familia Musse?
—Personalmente, pedirles disculpas por la situación que tuvieron que atravesar. Yo no tuve nada que ver. Nunca supe que el señor Musse viajaba con la señora Oviedo. En mi teléfono solo tenía el documento del señor Musse, los test rápidos y un parte policial que indicaba que debía regresar.
—¿Cuándo supo que él viajaba acompañado?
—Me enteré cuando declaré por primera vez en el Juzgado Federal. La secretaria me leyó la imputación y allí supe que venía con la señora Oviedo. Tampoco sabía en ese momento que ella tenía domicilio legal en Córdoba.
Trato diario con pacientes
Morales contó que continúa trabajando en el Hospital de Río Cuarto, en el área de epidemiología, atendiendo casos de VIH, tuberculosis y otras enfermedades. “También me desempeño en terapia intensiva del Hospital San Antonio de Padua y en el equipo de procuración de órganos del Ecodaic, acompañando a familiares en situaciones de fallecimiento”, detalló.
“Trabajo todos los días con el dolor ajeno, sé lo que significa atravesar esos momentos”, agregó.
—¿Cómo evalúa hoy lo que ocurrió?
—Es fácil hablar ahora, pero sí, muchas medidas fueron exageradas. Nosotros mismos aislábamos a personas por 10 o 14 días solo por haber compartido un mate o un espacio cerrado. Hoy vemos que fueron decisiones extremas. El Covid sigue existiendo: en 2021 hubo un pico muy alto y este año, 2025, también. El virus muta; está la variante “Frankenstein”. Pero con las vacunas, hoy se atraviesa como un resfrío. Yo me contagié en septiembre de 2020, sin vacuna, y lo pasé muy mal.
—El fiscal la señaló como responsable del COE de Huinca Renancó. ¿Qué responde?
—Eso no es cierto. Nunca estuve en Huinca Renancó ni en sus puestos sanitarios. Mis funciones siempre se desarrollaron en el COE Regional Río Cuarto, en el Centro Cívico.
—¿Por qué cree que llegó a esta situación?
—Porque no se leyó bien el expediente. Yo no tenía poder de decisión. Lo expliqué claramente: tenía superiores y un jefe regional. El propio doctor Carlos Pepe declaró cuáles eran mis funciones. No sabemos por qué estoy acá, salvo que, como dicen, el hilo siempre se corta por lo más delgado.
AA