No hay crisis económica, social o institucional que no tenga, en su origen o en su desenlace, un problema de dirigencia. Podemos discutir coyunturas, ciclos, errores puntuales o malas decisiones, pero tarde o temprano la pregunta reaparece, incómoda y persistente: ¿quiénes nos gobiernan, quiénes deciden, quiénes influyen y con qué formación, valores y límites lo hacen?
La pregunta no es retórica. Está en el centro de algunos de los trabajos más influyentes de las últimas décadas. Economistas como Daron Acemoglu (Premio Nobel de Economía de 2024) han mostrado, con datos comparados y series históricas extensas, que la prosperidad de las naciones no depende principalmente de sus recursos naturales ni de su geografía, sino de la calidad de sus instituciones. Y esas instituciones, a su vez, dependen de la calidad de quienes las dirigen.
La evidencia empírica lo confirma. En Europa, el Quality of Government Index, elaborado por la Universidad de Gotemburgo, mide variables como el respeto por el Estado de derecho, el combate a la corrupción, la competencia técnica de los funcionarios y la previsibilidad de las decisiones públicas. Los países que sistemáticamente ocupan los primeros lugares en ese índice no son casualmente los que ofrecen mayor bienestar, menor pobreza estructural y mayor movilidad social. Tampoco es casual que sean los que atraen -y no expulsan- talento, capital y personas. Por su parte, el Elite Quality Index (EQx), que elabora la universidad de St. Gallen, Francia, en 2024 ubicó a la Argentina en posiciones muy bajas: ocupamos el puesto 87 en una lista de 151 naciones, por debajo de Nepal, El Salvador y Níger.
Es que la calidad de una clase dirigente no se mide por su retórica ni por su habilidad para ocupar cargos, sino por su capacidad para ejercer poder con responsabilidad. Gobernar no es improvisar, administrar no es sobrevivir ni liderar es imponer. Sin embargo, en demasiados ámbitos parece haberse naturalizado la idea de que dirigir es un derecho adquirido y no una función exigente; una oportunidad personal y no una carga pública.
Las sociedades que funcionan entienden que la dirigencia no surge por generación espontánea. Se forma. Se educa. Se disciplina. Requiere conocimiento técnico, pero también cultura cívica; convicción, pero también autocontrol; ambición, pero acompañada de límites morales claros. Cuando esos elementos faltan, el resultado no es simplemente una mala gestión: es la degradación progresiva del vínculo entre poder y responsabilidad.
Una sociedad que aspira a algo más que a sobrevivir no puede resignarse a dirigentes improvisados ni a élites irresponsables
No es necesario enumerar ejemplos concretos. Cada lector puede aportar los suyos, provenientes de los ámbitos más diversos: la política, la economía, las instituciones, la empresa o la cultura. El patrón se repite con una regularidad inquietante: decisiones tomadas sin comprender sus consecuencias, discursos que reemplazan a los hechos, responsabilidades diluidas y culpas siempre ajenas. No es una anomalía aislada: es un síntoma. Nuestra memoria colectiva está abrumada por el recuerdo de este tipo de episodios: un mayúsculo default recibido con aplausos; “nacionalizaciones” improvisadas; desidias y desaprensiones mortales; intermediaciones inexplicables, y designaciones inconcebibles.
El problema se agrava cuando esa precariedad se vuelve aspiracional. Cuando el atajo se celebra, la viveza se justifica y la falta de preparación se disfraza de audacia. Allí el deterioro deja de ser circunstancial y se vuelve estructural. Porque una sociedad que tolera dirigentes mal formados termina educando a las nuevas generaciones para repetir ese modelo.
Por eso, el debate sobre la calidad de nuestra clase dirigente es, en el fondo, un debate educativo. No se trata solo de cambiar nombres, sino de recuperar una idea exigente del poder: que gobernar es rendir cuentas, que decidir es asumir consecuencias, que el liderazgo sin reglas no es liderazgo, sino arbitrariedad.
Una sociedad que aspira a algo más que a sobrevivir no puede resignarse a dirigentes improvisados ni a élites irresponsables. No necesita héroes ni redentores, sino personas formadas para ejercer el poder con mesura, competencia y límites. Porque el poder no es un trofeo: es una prueba. Y cuando una sociedad deja de educar para esa prueba -cuando deja de enseñar que mandar es servir, que decidir es responder y que el éxito sin reglas es fracaso moral-, lo que obtiene no es una mala dirigencia ocasional, sino una decadencia persistente.
El verdadero drama no es que tengamos malas élites. Es que seguimos produciéndolas.