En las últimas semanas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno de Javier Milei pretende avanzar con una serie de modificaciones en la Ley de Cannabis Medicinal, que incluye la reformulación del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) y la cancelación de todos los permisos de cultivo previamente otorgados. Esta medida responde a, lo que la titular de la cartera de Seguridad consideró, un «descontrol» en la regulación del programa, con graves irregularidades y desvíos de la producción hacia el mercado ilegal.
En ese sentido, Bullrich fue tajante y confirmó: «Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero«. De acuerdo a la funcionaria, durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández, el mismo que aprobó la ley que hoy está puesta bajo la lupa, los permisos de cultivo se cedieron sin ningún tipo de control, generando la aprobación de 300 mil usuarios lo que, en su opinión, abrió la puerta a abusos y usos indebidos de la normativa.
«Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa. El THC que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%», detalló.
La ministra de Seguridad fue la encargada de dar detalles acerca de los cambios que se avecinan
La administración libertaria sostiene que la normativa vigente facilita situaciones irregularidades que, en muchos casos, esos permisos son utilizados como una «pantalla» para el cultivo masivo en beneficio de los narcotraficantes. Bullrich ejemplificó lo planteado con un caso detectado en la hinchada del club Colón de Santa Fe, donde una persona fue detenida con un carnet del Reprocann que no le pertenecía y que le autorizaba a cultivar 18 plantas, cuando en realidad poseía 18.000.
A partir de esta situación, se decidió poner en marcha un nuevo sistema de registro con controles más estrictos y requisitos más rigurosos para garantizar que el programa de cannabis medicinal cumpla su función sin facilitar prácticas ilegales. «Este descontrol hace que tengamos sembrada mucha más marihuana en cualquier lugar que en la frontera», advirtió la ministra.
El rol del Ministerio de Salud y la Agencia de Cáñamo
En línea con la decisión del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud también estará involucrado en la reformulación del programa. Bullrich confirmó que ya mantuvo reuniones con el ministro Mario Lugones para coordinar la reestructuración del Reprocann. La idea del Ejecutivo es redefinir los criterios de otorgamiento de permisos y aumentar los controles para prevenir desvíos hacia el narcotráfico.
Estos cambios también afectan a la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), la cual había sido creada bajo la gestión anterior para supervisar la industria del cannabis y regular su producción. Cabe destacar que, esta no es la primera vez que el Gobierno de Milei modifica esta ley, en octubre, con la llegada de Ignacio Ferrari a la intervención de ARICCAME, el Ejecutivo dio de baja la Resolución 02/2023, que había establecido un permiso provisorio para la adecuación de autorizaciones previas.
De esta forma, a partir de ahora, la prioridad estará en la producción de la semilla, grano y fibra de cannabis no psicoactivo, es decir, con una concentración de THC inferior al 1%. Esto deja en incertidumbre a 56 proyectos que ya estaban aprobados y habilitados bajo la normativa anterior. Entre ellos, uno de los más relevantes es el de la empresa Agrogenética, de la provincia de La Rioja, que cuenta con participación estatal.
Además, otra particularidad destacó al revisar la ley aprobada durante la gestión de Fernández y es un artículo donde afirman dar un trato preferencial a la hora de ceder los permisos de cultivo si quien los solicita es una mujer o un integrante de la comunidad LGBTIQ+. Por ello, el nuevo esquema buscará eliminar cualquier tipo de sesgo ideológico que pueda generar desigualdad o discriminación en la distribución de permisos.
Puntualmente, desde Casa Rosas señalaron que la nueva normativa tendrá como único criterio la justificación médica y la verificación de que no haya riesgo de desvío para fines recreativos o ilegales. En este sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni reafirmó que el propósito es garantizar que el cannabis medicinal sea utilizado exclusivamente para pacientes que lo necesiten, evitando cualquier tipo de abuso del sistema.
Por el momento, Nación no proporcionó detalles de cuándo avanzarán con los cambios, pero estas declaraciones ya lograron generar rechazo en algunos sectores que apoyaban el esquema de Fernández. Varios de ellos pertenecen a organizaciones que promueven el autocultivo y el acceso al cannabis medicinal, quienes respaldaron sus críticas indicando que se les restringirá el único tratamiento alternativo, accesible y natural por el que muchas personas optaron.
De igual forma, desde el Gobierno no mostraron intenciones de querer retroceder con estas modificaciones y ratificaron que la nueva regulación traerá mayor transparencia y control, eliminando posibles vías de acceso al narcotráfico; o, en palabras de Bullrich: «Es ley el cannabis medicinal, pero no el desvío para la venta ilegal».