La Justicia Federal de Rafaela procesó a dos ex presidentes de la cooperativa Sancor por aportes previsionales y de obras sociales que retuvieron a los trabajadores pero nunca depositaron. Además, ordenó embargar los bienes de cada uno por 90 millones de pesos.
La causa que investiga el manejo de los aportes sociales en Sancor Cooperativas Unidas Limitadas avanzó en las últimas semanas con el procesamiento de los dos exdirectivos. El juez federal de Rafaela Aurelio Cuello Murúa consideró probado que ambos retuvieron fondos destinados a la seguridad social y no los ingresaron al sistema. Y que eso generó un perjuicio que supera los 1.600 millones de pesos.
Los acusados son los ex presidentes del Consejo de Administración, en períodos sucesivos, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez.
La resolución hizo lugar al planteo del fiscal federal Gustavo Onel y rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba formulado por las defensas. El fallo señala que uno de los imputados –en el cargo entre febrero de 2020 y octubre de 2022– es responsable de 17 hechos de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. A su sucesor, –entre noviembre de 2022 y febrero de 2024– le atribuye otros 16 episodios.
Primera denuncia, en Sunchales
El caso se originó a fines de 2023, cuando trabajadores de la planta santafesina de Sunchales denunciaron que la empresa no había depositado los aportes jubilatorios ni los correspondientes a obras sociales, pese a haberlos descontado de los salarios.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación santafesino, que luego declinó competencia porque el presunto delito es de incumbencia federal. En paralelo, empleados de la planta bonaerense de Don Torcuato impulsaron una presentación similar ante la Justicia de San Isidro, que también derivó el expediente a Rafaela. Allí se unificaron las actuaciones.
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De acuerdo con las constancias reunidas, la cooperativa actuaba como agente de retención de los aportes, pero no cumplía con el depósito dentro de los plazos legales. El monto total que, según la investigación, los aportes retenidos y no ingresados ascienden a 1.644.440.882 pesos.
Para el fiscal, la maniobra quedó respaldada por denuncias de trabajadores, ratificaciones judiciales, informes previsionales extraídos de la entonces AFIP, órdenes de intervención, documentación del INAES y registros societarios de la empresa.
Sin excusas
El juez Cuello Murúa fue categórico. Señaló que «los nombrados, habiendo sido presidentes del Consejo de Administración, conocían la calidad de agente de percepción y retención de los aportes» y que «tuvieron la voluntad de no cumplir con el mandato preceptivo (depositar)». Agregó en su fallo que «en su ánimo existió la intención de eludir las obligaciones con el propósito de una mejora patrimonial«.
El magistrado afirmó que en esta etapa del proceso «no hay dudas de que los imputados contaban con el dominio de los hechos que se les atribuyen». Y que, por la posición jerárquica que ocupaban en la cooperativa, quedó “probada holgadamente la retención y la omisión de ingresar los aportes al Sistema Único de la Seguridad Social”.
El procesamiento es sin prisión preventiva. La propia fiscalía no la solicitó por considerar que los acusados no tienen antecedentes penales, cuentan con domicilio conocido y se presentaron voluntariamente ante la Justicia. De todos modos, deberán cumplir con las obligaciones procesales y comunicar cualquier cambio de domicilio mientras avance la causa.
Una crisis de larga data, con los trabajadores como víctimas
El juicio contra Gastaldi y Sánchez se inscribe en una crisis que SanCor arrastra desde octubre de 2022. En ese momento ya se hablaba de un posible fideicomiso para intentar rescatar a la cooperativa. Desde el gremio Atilra advertían que el auxilio financiero prometido desde ámbitos oficiales estaba trabado y que la situación operativa y salarial seguía extremadamente frágil.
Durante 2023, el conflicto se profundizó con bloqueos a plantas industriales, paradas en la producción y millones de litros de leche en riesgo de perderse. Y con una fuerte disputa entre la conducción de la empresa y el sindicato.
A comienzos de 2025, el deterioro quedó formalmente expuesto cuando, por unanimidad, los socios aprobaron la presentación en concurso preventivo de acreedores. Lejos de ordenar la situación, el concurso convivió con nuevos atrasos en el pago de salarios, despidos por «fuerza mayor» y la reducción drástica de la actividad en varias plantas.
En ese contexto, SanCor comenzó a sostener su operación casi exclusivamente mediante acuerdos de producción a fazón (alquiler de infraestructura) para terceros. Apenas con reactivaciones parciales en algunas plantas, como las de elaboración de quesos y leche en polvo, pero sin recuperar el control pleno de su cadena productiva.
El conflicto laboral nunca se descomprimió. En septiembre de 2025, Atilra llegó a pedir directamente la quiebra de la cooperativa con continuidad de explotación. El gremio argumentó la persistencia de deudas salariales y de aportes sindicales y previsionales.
Ese pedido expuso otra vez el impacto social de la crisis, con cientos de trabajadores con ingresos en cuotas, despidos acumulados y una estructura productiva que funcionaba a media máquina. En paralelo, la empresa intentaba mostrar signos de recuperación con nuevos acuerdos industriales. Sin embargo, la situación financiera seguía siendo extremadamente delicada.
Es en ese escenario de deterioro prolongado, marcado por atrasos salariales, deudas previsionales, bloqueos sindicales, reestructuraciones forzadas y un concurso de acreedores todavía abierto, se produjeron las presentaciones judiciales por la apropiación indebida de aportes a la seguridad social.